Órganos de los Poderes Públicos-Contexto Actual

 

Órganos de los Poderes Públicos en Venezuela

    En Venezuela, la organización de los órganos del Poder Público está determinada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999. Esta estructura busca consagrar el principio de separación de poderes, un pilar fundamental de la democracia, que se manifiesta a través de cinco ramas: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. Sin embargo, el contexto actual revela que, a pesar de esta semblanza constitucional, la práctica de la gobernabilidad presenta serias deficiencias.

1. Poder Legislativo: La Asamblea Nacional

    El Poder Legislativo está representado por la Asamblea Nacional, que funciona de manera unicameral y se encarga de la creación y aprobación de leyes. Compuesta por 277 diputados, estos son elegidos por sufragio directo, universal y secreto para un período de cinco años, con la posibilidad de reelección. A pesar de su estructura, la Asamblea ha enfrentado desafíos significativos en su legítimo ejercicio, especialmente con el control ejercido por el Poder Ejecutivo que ha socavado su autoridad y autonomía.

 2. Poder Ejecutivo: El Presidente de la República

  El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, quien actúa acompañado del Vicepresidente y el Consejo de Ministros. El Presidente es elegido mediante voto universal y tiene la responsabilidad de implementar las leyes y dirigir la administración del país. Sin embargo, la concentración de poder en esta rama ha llevado a la erosión de la separación de poderes, convirtiéndose en un­ factor central en la crisis política y social que afecta al país, donde se cuestiona si el Ejecutivo realmente actúa en beneficio del bienestar ciudadano o si sus acciones son motivadas por otros intereses.

 3. Poder Judicial: La Administración de Justicia

  Por otro lado, el Poder Judicial es liderado por el Tribunal Supremo de Justicia, encargado de la administración de la justicia. Este poder tiene la vital responsabilidad de garantizar que las leyes se apliquen de manera imparcial y conforme a la Constitución. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por la supuesta manipulación de decisiones judiciales por parte del gobierno, lo que ha comprometido la independencia del sistema judicial y ha puesto en riesgo la protección de los derechos ciudadanos.

 4. Poder Ciudadano: Ética y Transparencia

   El Poder Ciudadano es una introducción novedosa de la Constitución de 1999, que se ejerce a través del Consejo Moral Republicano. Este consejo abarca la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, teniendo como misión promover la ética y la transparencia en la función pública. Sin embargo, su efectivo funcionamiento está en entredicho, dado que la interconexión con el ejecutivo puede llevar a conflictos de interés que perjudiquen su capacidad para actuar de manera independiente.

 5. Poder Electoral: Transparencia en los Procesos Electoral

   Finalmente, el Poder Electoral es supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se encarga de regular los procesos electorales, garantizando la transparencia y legitimidad de las elecciones en el país. Sin embargo, la credibilidad del CNE ha sido cuestionada en repetidas ocasiones, especialmente en contextos de elecciones disputadas, lo que plantea preocupaciones sobre la imparcialidad y efectividad del organismo en la protección de la voluntad del pueblo.

 Contexto Actual de los Poderes Públicos

  Desde la implementación de la Constitución de 1999, el ejercicio de estos poderes ha estado marcado por la crisis política y la dualidad en su práctica. La fricción constante entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, así como la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, ha puesto en tela de juicio la verdadera separación de poderes. La democratización del país se ha visto mermada por la concentración del poder en el Ejecutivo, lo que ha llevado a un deterioro notable en la autonomía del Poder Judicial y a la manipulación de decisiones políticas.

   La estructura de los órganos del Poder Público en Venezuela se erige sobre la premisa de la separación de poderes, un ideal constitucional que se ve amenazado en la realidad. Este desajuste entre la teoría y la práctica ha conducido a una profunda crisis de gobernabilidad, donde la legitimidad y efectividad de las instituciones se encuentran en un estado crítico. Es crucial que se trabaje hacia una recuperación de la independencia de los poderes para restaurar la confianza de la población en el sistema democrático y asegurar el pleno cumplimiento de sus derechos y libertades. Sin este esfuerzo, la estabilidad y el progreso de la nación seguirán en riesgo.